La discusión por la barrera sanitaria patagónica entró en una nueva etapa con un fallo que cambia el tablero para productores, frigoríficos y consumidores de la región. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó habilitado el ingreso de carne con hueso desde el norte del río Colorado hacia la Patagonia y el partido bonaerense de Carmen de Patagones, siempre bajo las condiciones sanitarias fijadas por el Senasa.

La resolución judicial revocó una sentencia previa que había frenado la aplicación de la normativa dentro de Santa Cruz y volvió a poner en primer plano un debate que mezcla sanidad animal, comercio regional y competitividad productiva. El punto de mayor tensión pasa por el futuro de un esquema que durante años funcionó como una marca diferencial para el sur argentino, especialmente por su condición sanitaria frente a la fiebre aftosa.

El origen del conflicto está en la Resolución 460/2025 del Senasa, que estableció las condiciones para el traslado de productos provenientes de zonas consideradas “libres de fiebre aftosa con vacunación” hacia la Patagonia, reconocida como zona “libre sin vacunación”. Esa flexibilización fue cuestionada por sectores productivos que interpretaron que podía debilitar el estatus sanitario histórico de la región y afectar su posicionamiento comercial.

En primera instancia, la Justicia Federal de Río Gallegos había declarado la nulidad de esa resolución dentro del territorio santacruceño. Sin embargo, la Cámara revirtió ese criterio y validó la facultad del organismo sanitario nacional para regular el movimiento de esos productos. Con ese paso, el tribunal respaldó la capacidad técnica y normativa del Senasa para definir cómo administrar el ingreso de mercadería bajo control sanitario.

Uno de los puntos centrales del fallo fue el enfoque sobre el riesgo. Los jueces remarcaron que el “riesgo cero” no existe desde una perspectiva biológica y que la política sanitaria debe construirse sobre la base de controles y administración eficiente del peligro, no sobre la idea de una eliminación absoluta de toda posibilidad. Desde esa mirada, la Cámara entendió que la apertura no implica una liberación indiscriminada, sino una flexibilización bajo parámetros técnicos.

En esa misma línea, el tribunal destacó que los informes sanitarios incorporados al expediente señalan la ausencia de circulación del virus de la fiebre aftosa en el país. Ese dato fue considerado clave para sostener la razonabilidad de la medida y para concluir que el nuevo esquema no se aparta de los criterios científicos vigentes. Además, los magistrados señalaron que quienes impulsaron la demanda no lograron demostrar de manera técnica que el ingreso de carne con hueso represente un peligro concreto para la región.

El fallo también se metió de lleno en el costado económico del conflicto, uno de los motores principales de la resistencia patagónica. Durante años, la barrera del río Colorado funcionó como una herramienta que ayudó a sostener mejores condiciones comerciales para la producción del sur y a reforzar una identidad sanitaria diferenciada. Pero la Cámara sostuvo que una política pública no puede juzgarse solo por la conveniencia que tenga para un sector puntual de la economía.

Con ese argumento, el tribunal rechazó además la aplicación del principio precautorio, al considerar que no había evidencia suficiente de arbitrariedad o de un daño sanitario cierto derivado de la decisión estatal. La consecuencia judicial fue contundente: además de desestimar la acción de amparo, impuso las costas del proceso a la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, que había promovido la demanda.

El nuevo escenario abre una etapa cargada de interrogantes para la Patagonia. Por un lado, la habilitación puede empujar una mayor integración del mercado interno y modificar la oferta de productos en la región. Por otro, vuelve a activar la preocupación de parte del sector productivo, que teme que cualquier cambio sobre la barrera sanitaria termine erosionando un activo que considera estratégico tanto en términos sanitarios como económicos.

Más allá del alcance inmediato de la resolución, el fallo marca un cambio de clima en una discusión que llevaba años encapsulada en posiciones rígidas. La Justicia federal decidió respaldar un modelo basado en control, trazabilidad y evaluación de riesgo, en lugar de sostener una prohibición cerrada. A partir de ahora, la disputa ya no pasa solo por si entra o no carne con hueso, sino por cómo impactará esta nueva etapa sobre la producción, los precios y el valor del estatus sanitario patagónico.